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El Sr. Antón Camen, Asesor Jurídico para América Latina y el Caribe del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR),
comparte con el equipo de FLACSO Secretaría General sus impresiones sobre la situación de las armas pequeñas y livianas
y el estudio que realiza su institución al respecto
Es necesario abordar el tema de las armas desde la dinámica de su
demanda.
¿Cuál es la agenda, el interés del Comité Internacional de la Cruz Roja en el tema de armas pequeñas y livianas?
El interés de la Cruz Roja es tratar de disminuir las consecuencias humanitarias de la disponibilidad no regulada de la adquisión
de armas pequeñas. Estas consecuencias pueden aparecer dentro de un conflicto armado, pero también en momentos posteriores al
mismo. Cada vez hay más victimas que no forman parte de los grupos armados, sino que son personas que viven en el área afectada
y no tienen una participación directa en el desarrollo del conflicto. Actualmente el 90% - 95% de las víctimas mortales y heridos
son personas civiles.
A principios de la década de los noventa fue cuando empezamos a trabajar decididamente en esta problemática.
Quizá la preocupación más importante en este tema sea descifrar la manera de disminuir el increíble, inaceptable
y casi siempre criminal porcentaje de muertes ocasionadas por el comportamiento de las personas, especialmente
civiles, que poseen armas pequeñas y livianas.
Otro elemento de preocupación es la disponibilidad para la fácil adquisición de armas. En muchos lugares se puede conseguir
un fusil de asalto por un precio muy bajo. Hay mercados, sobre todo en África, donde se puede obtener un arma por dos o tres
dólares, eso da acceso a un amplio rango de usuarios, desde personas no entrenadas hasta niños, inclusive menores de 10 años,
quienes muchas veces son drogados o alcoholizados por grupos que buscan objetivos determinados y requieren instrumentalizar a
esta sensible población para lograr su cometido.
Un asunto que captura nuestra atención desde la década de los 90, es la atención que requieren los territorios en momentos de
posconflicto para asegurar condiciones sostenibles de paz. A diario vemos que una guerra no acaba necesariamente con la firma
de acuerdos, dado que deben mediar procesos de desmovilización, desarme y reincorporación de los excombatientes. Sin estas
condiciones previas es extremadamente difícil trazar una línea que permita marcar la finalización de un conflicto o garantizar
condiciones que eviten el resurgimiento de hostilidades, inclusive años después.
Desde esta perspectiva, el interés del CICR de abordar este tema ha permitido vincular directamente la disponibilidad de las
armas con otros factores relacionados con el comportamiento de las personas y los derechos humanos. Gran parte de los programas
que tenemos en América Latina se dirigen a la prevención de conflictos y aspiramos, entre otras cosas, a que se integre el derecho
humanitario en la doctrina militar, cosa que es una obligación, y a establecer sanciones penales en caso de violaciones al derecho
humanitario internacional.
¿De qué manera el Derecho Internacional Humanitario sirve como una plataforma para el control de armas o para regular el tráfico
de armas y su mal uso?
Si tomas la obligación, no únicamente definida en tratados sino también en el derecho consuetudinario, de respetar y hacer respetar
el derecho de la guerra, te das cuenta que ésta no se circunscribe al momento mismo del conflicto armado, en el que necesariamente
hay que proteger a las personas que no participan en las hostilidades; también vemos que la obligación implica contrarrestar a los
actores que conducen a las violaciones del Derecho Internacional Humanitario, consagrado en el artículo No. 1 de los Convenios de
Ginebra de 1949 y protocoles adicionales. Por eso la necesidad de establecer con toda claridad el vínculo entre las armas pequeñas
y livianas y sus consecuencias en términos de derechos humanos.
Usted hace un énfasis particular en la necesidad de que el tema de las armas pequeñas y livianas sea visto desde la demanda.
¿En qué consiste este abordaje?
Este enfoque no es nuevo; de hecho, es retomado en el plan de acción de Naciones Unidas. Lo que ocurre es que a nivel
internacional la discusión se centra en la oferta, es decir, en la disponibilidad de armas, en la regulación para adquirir
permisos, en la producción, venta, transferencia. Evidentemente, estos temas son cruciales, mas si por un momento se centrara
la atención en los circuitos de compra, específicamente la transferencia e intermediación, se promocionaría un abordaje más
integral.
La llamada de atención es que a todo este juego de proveer y multiplicar el número de armas, finalmente obedece a una demanda.
Muchos de los esfuerzos realizados regional e internacionalmente se abocan a ver la transferencia, producción y control de las
armas, y dejan de lado la parte de por qué ese grupo o persona necesita un arma.
Una cosa no muy sorprendente, pero si informativa, es que día con día aparecen casos en los que personas se arman porque los
servicios de seguridad pública no funcionan. La gente no se siente segura en sus casas y busca los medios para proveerse de
tal sensación. Esta percepción constituye un “disparador” de la demanda de armas: si el Estado no logra brindar un servicio
tan esencial como la seguridad pública, en términos de poder caminar seguro por la calle y de prescindir de servicios privados
de seguridad en casa y empresas; por su precio, fácil manipulación y disponibilidad, inevitablemente se fortalecerá la demanda
de armas y municiones en la región.
¿Qué medidas se deberían de aplicar en América Latina para afectar la demanda?
Esta labor es bastante compleja, pero no imposible. Mucho pasa por mejorar los sistemas de administración de justicia, encontrar
medidas en contra de esas muy altas cifras de inequidad que también son a raíz de criminalidad común y organizada.
En un primer momento, se deberían tomar en cuenta muchos de los factores que se contemplan en el documento editado por el CICR
sobre seguridad hemisférica 2003, y luego vincular aquellos factores que constituyen amenazas reales o potenciales para los
países y subregiones con la preservación de condiciones de seguridad precisamente a escala hemisférica.
La discusión de seguridad en América Latina, salvo por Colombia y Haití, no tiene que ver con conflictos armados, pero sí con
criminalidad común; sin embargo, de todas formas, esto no nos debe hacer perder de vista que estamos en un contexto de comercio
realmente internacional, lo que propicia que las armas, igual que otros bienes y mercaderías, transiten por nuestras calles
o bien que nuestros países sean zonas de paso para la salida de las mismas fuera del continente. Esto obliga a realizar un
esfuerzo por generar acciones a escala nacional, regional e internacional.
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Dra. María Isabel Gutiérrez